El crimen que NUNCA existió: el pastor de Cuenca que volvió vivo (1910-1926)

En noviembre de 1913, un juzgado de la provincia de Cuenca inscribió la defunción de un pastor de Tresjuncos llamado José María Grimaldos. En el margen del acta, alguien dejó escrita una frase que lo resume todo: «No ha podido ser identificado el cadáver por no haber sido hallado». Cinco años más tarde, dos hombres fueron condenados a dieciocho años de cárcel por matarlo. En 1926, Grimaldos apareció en su pueblo, vivo y con intención de casarse.

El crimen de Cuenca es el error judicial más famoso de la historia de España, y no hubo crimen. Hubo, eso sí, una investigación que convirtió un rumor en una sentencia. Este expediente no cuenta tanto la historia del pastor como la de la maquinaria que condenó a dos inocentes: quién la puso en marcha, cómo se obtuvieron las pruebas y qué pasó después con los responsables.

Una desaparición y un rumor

Grimaldos, al que en el pueblo llamaban «el Cepa», tenía 28 años y trabajaba en una finca de la zona con el guarda Gregorio Valero y el mayoral León Sánchez. Según las fuentes, ambos se burlaban de él con frecuencia. En agosto de 1910 vendió unas ovejas y no volvió. Según la Wikipedia, se había ido a tomar baños a La Celadilla, una laguna poco profunda a unos cuatro kilómetros del pueblo.

En las semanas siguientes corrió por Tresjuncos la idea de que lo habían matado para quedarse con el dinero de la venta. La familia señaló a Valero y a Sánchez ante el juzgado de Belmonte, y los dos fueron detenidos. Pero no había nada: ni cuerpo, ni testigos, ni rastro del dinero. En septiembre de 1911, el juez los dejó en libertad y la causa se sobreseyó por falta de pruebas.

La reapertura de 1913

Dos años después llegó a Belmonte un juez nuevo, Emilio Isasa Echenique. A instancias de la familia de Grimaldos, reabrió el caso y ordenó detener de nuevo a los mismos dos hombres. Esta vez quedaron presos e incomunicados, y los interrogatorios corrieron a cargo de la Guardia Civil.

Lo que ocurrió en esos días está reconocido por el propio Estado. En 1926, el recurso de revisión presentado por la Fiscalía del Tribunal Supremo atribuyó los malos tratos a un teniente, un sargento y un guardia del cuerpo, y afirmó que se produjeron en presencia del juez instructor. El ministro de Gracia y Justicia ordenó ese recurso porque había, según su orden, fundamentos para pensar que las confesiones habían sido arrancadas mediante una «violencia continua inusitada».

Las reconstrucciones del caso, recogidas en la Wikipedia en español, describen los métodos: los detenidos, en celdas separadas, recibían bacalao sin desalar y se les negaba el agua; sufrieron palizas y la extracción de uñas, dientes y vello con tenazas. Al cabo de varios días, los dos confesaron. Cada uno culpó al otro.

Tres versiones y ningún cuerpo

Una confesión de asesinato necesita un cadáver, y aquí empezó el problema. Los detenidos dijeron primero que habían quemado el cuerpo. Después, que lo habían enterrado en el cementerio. Por último, que lo habían descuartizado y se lo habían dado a los cerdos. Se buscó en cada lugar que señalaron. No apareció nada, porque no había nada que encontrar.

El 11 de noviembre de 1913, el juez de Osa de la Vega levantó el acta de defunción de Grimaldos. El documento atribuía la muerte a Valero y a Sánchez y la fijaba con precisión de minutos: el 21 de agosto de 1910, entre las ocho y media y las nueve de la noche. Y en el margen, la nota sobre el cadáver que nunca se había hallado. Un muerto oficial, con hora de la muerte, pero sin cuerpo.

Siete horas de juicio

Valero y Sánchez esperaron más de cuatro años en la cárcel. El juicio se celebró en 1918 ante la Audiencia Provincial de Cuenca, con jurado popular, y la sentencia está fechada el 25 de mayo. La vista duró unas siete horas. El fiscal pidió la pena de muerte, que entonces se ejecutaba a garrote. El jurado, de doce miembros, deliberó unos treinta minutos y los declaró culpables.

La única prueba de peso eran las confesiones. Según la Wikipedia en español, la defensa se limitó a intentar salvarlos de la pena capital, y lo consiguió: la condena fue de dieciocho años de prisión para cada uno. Valero cumplió en el penal de San Miguel de los Reyes, en Valencia, y Sánchez en la prisión de Cartagena.

Salieron por indulto tras más de once años presos. La fecha exacta varía según la fuente: la Wikipedia en español y el catedrático José Calvo González sitúan la salida el 4 de julio de 1925, tras doce años y dos meses, mientras que otras la adelantan a 1924. De vuelta en casa, sus familias seguían cargando con el estigma.

El muerto escribe

El 8 de febrero de 1926, el cura de Mira, otro pueblo de la provincia de Cuenca, escribió al de Tresjuncos para pedirle la partida de bautismo de un feligrés que quería casarse: José María Grimaldos. Poco después, el propio Grimaldos se presentó en Tresjuncos. El juez de Belmonte ordenó detenerlo para identificarlo. Su explicación fue sencilla: al verse con el dinero de las ovejas, según sus palabras, le dio «un barrunto» y se fue. Dijo no saber nada de lo que les había pasado a sus compañeros.

La rectificación del Supremo

Esta vez la justicia fue rápida. El 6 de abril de 1926, el fiscal del Tribunal Supremo presentó el recurso de revisión. El 10 de julio, el Supremo anuló la sentencia de 1918, declaró la inocencia de Valero y Sánchez y anuló también el acta de defunción de Grimaldos. Según el catedrático de Filosofía del Derecho José Calvo González, la sentencia ordenó además correcciones disciplinarias a funcionarios judiciales y remitió al fiscal la cuestión de la responsabilidad penal del juez instructor.

La reparación llegó tarde y fue escasa. Los dos hombres se instalaron en Madrid, donde trabajaron como guardas en el parque del Retiro. En 1935, el Estado les concedió una pensión vitalicia de 3.000 pesetas anuales, con cinco años de atrasos.

Nadie pagó

El 17 de mayo de 1935 se juzgó en Cuenca a los señalados como responsables del error: los tres guardias civiles, el actuario del juzgado de Belmonte y los dos médicos forenses que intervinieron en la causa. El fiscal pidió ocho años de prisión por coacciones. Todos fueron absueltos. Según la Wikipedia en español, uno de los forenses reconoció más tarde que había presenciado las torturas.

Calvo González lo resume como un caso de impunidad: la confesión se obtuvo por la violencia y esa violencia nunca se castigó. El juez Isasa murió en Sevilla poco después de la sentencia del Supremo. La causa oficial fue una angina de pecho.

Lo que vino después

El caso tuvo una gran repercusión en la prensa de 1926, sobre todo en los periódicos contrarios a la dictadura de Primo de Rivera. El periodista Ramón J. Sender recorrió la zona en marzo de aquel año para escribir una serie de reportajes en «El Sol», y más tarde convirtió aquella experiencia en una novela. En 1979, la directora Pilar Miró rodó «El crimen de Cuenca». La jurisdicción militar secuestró la película y procesó a Miró por injurias a la Guardia Civil, ya en democracia. No se estrenó hasta agosto de 1981, y fue un enorme éxito de taquilla.

Conviene deshacer tres ideas muy repetidas. A Valero y a Sánchez no los condenaron a muerte: el fiscal la pidió, pero la pena fue de dieciocho años. Nunca apareció ningún cuerpo, por mucho que las confesiones describieran tres destinos distintos para él. Y la película no la prohibió el franquismo, sino la justicia militar entre 1979 y 1981, con Franco ya muerto.